FUE OTRO PERUANO – Triple Crimen y Tortura en Vivo

FUE OTRO PERUANO – Triple Crimen y Tortura en Vivo

Como ya es de público conocimiento, el 19 de septiembre, tres jóvenes de La Matanza, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, desaparecieron tras subirse voluntariamente a una camioneta blanca en la localidad de La Tablada. Cinco días más tarde, sus cuerpos desmembrados fueron encontrados enterrados en una casa en Villa Bateones, en el partido de Florencio Varela, con claros signos de tortura y mutilaciones al estilo mafioso.

El caso conmocionó al país y rápidamente se lo conoció como un triple homicidio narco, basándose en la hipótesis inicial de que se trataba de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Las primeras investigaciones confirmaron la violencia extrema de este crimen. Las víctimas habían sido atadas y amordazadas con cinta adhesiva y presentaban múltiples heridas de arma blanca antes de morir.

Por ejemplo, la autopsia de Lara Gutiérrez reveló que sufrió un corte en la arteria carótida y murió por un shock hipovolémico causado por las puñaladas. Los forenses hallaron pruebas de tortura prolongada en los restos, heridas agónicas como amputaciones y fracturas deliberadas que incrementaron inhumanamente el sufrimiento de las jóvenes antes de sus muertes.

Este ensañamiento, descrito como crueldad en la causa, reveló la naturaleza mafiosa de este triple asesinato, llevado a cabo como una lección ejemplar. Desde el principio, la investigación apuntó a un móvil relacionado con las drogas. Testimonios de los involucrados y de un arrepentido indicaron que las chicas habían sido asesinadas en represalia por una “mexicaneada”, es decir, el robo o la pérdida de un cargamento importante de cocaína perteneciente a esta banda.

Según Florencia Milagros Ibáñez, una de las imputadas, el botín robado ascendía a 300 o 400 kg de droga. Una cifra que posiblemente sea exagerada, pero que confirma el problema de fondo: la escasez de narcóticos de alto valor. Otra detenida, Celeste Magalí González Guerrero, aportó muchos detalles clave.

Ella afirmó que le habían robado 30 kg de cocaína al “Duro”, apodado Víctor “el Duro” Sotacuro, un miembro de la banda, y que al menos dos de las víctimas fueron identificadas por los narcos como participantes en ese robo. La propia Celeste aclaró que la menor, Lara, no tuvo nada que ver con el robo, sugiriendo que fue una víctima colateral inocente.

La engañaron haciéndole creer que iban a una fiesta, y las jóvenes se subieron voluntariamente al vehículo de los captores. Una vez en la casa de los horrores en Florencio Varela, fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas para encubrir el secuestro en cuestión. Esta secuencia macabra fue transmitida en vivo por la aplicación encriptada que ya mencioné en videos anteriores, Sangui.

Y como confirmó el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, los asesinos habrían transmitido esta tortura en vivo a un grupo cerrado de unas 45 personas como una advertencia interna. “Esto es lo que le pasa a cualquiera que robe mi droga”, habrían proclamado. Desde mediados de octubre de este año, el caso avanzó rápidamente en los tribunales.

La Unidad Funcional de Instrucción, la Unidad de Homicidios de La Matanza, encabezada por los fiscales Carlos Adrián Rivas, Claudio Fornaro, Diego Rul y Lorena Pecorelli, consideró resuelto el triple homicidio a nivel provincial y procedió a recalificar legalmente los hechos. El 16 de octubre, los fiscales agravaron los cargos contra los detenidos añadiendo dos nuevos delitos: privación ilegal de la libertad agravada, secuestro y homicidio cometido para ocultar otro delito, en este caso, el secuestro mismo.

Estas calificaciones se sumaron al cargo existente de cuádruple homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento y violencia de género. La notificación judicial enfatizó que el cargo de homicidio aplica a todos, obviamente a los imputados, debido a la distribución de roles para encubrir la privación de la libertad. Agravado.

Si bien el agravante de femicidio, la violencia de un hombre contra una mujer, lógicamente no aplica a las imputadas dentro de la banda. En otras palabras, todas las personas involucradas habrían contribuido de alguna manera al secuestro y asesinato para vengar y ocultar el robo de droga. Junto con la recalificación, casi todos los involucrados, ocho de los nueve que estaban presos en ese momento, fueron citados a una nueva ronda de indagatorias para ampliar sus declaraciones bajo los nuevos cargos.

Entre ellos aún no estaba Tony “Pequeño J” Hansen Valverde, considerado uno de los autores intelectuales, porque ya estaba detenido en Perú esperando la extradición, como mencioné en el video anterior, y esta situación fue comunicada a su defensa por canales diplomáticos. El juez de garantías número cuatro de San Justo, Fernando Pinos Guevara, avaló los pedidos de la fiscalía y firmó las prisiones preventivas de todos los detenidos hasta ese momento.

Esto aseguró que los imputados permanecieran encarcelados durante el juicio, dada la gravedad de los delitos agravados, que conllevan una pena de prisión perpetua. Un paso procesal clave fue la decisión de declinar la competencia en favor de la justicia federal para investigar la red de narcotráfico subyacente.

El 17 de octubre se realizó una audiencia en la que el juzgado de San Justo recalificó la causa como homicidio vinculado al narcotráfico y decidió girar el expediente al Juzgado Federal N° 2 de Morón. Dada la naturaleza transnacional y organizada de los hechos, se solicitó formalmente la intervención de la PROCUNAR, la Procuraduría de Narcocriminalidad, para asistir con la investigación a nivel federal.

Desde entonces, el juez federal Jorge Rodríguez lidera la causa destinada a desmantelar la organización narcotraficante responsable. Cabe destacar que la justicia bonaerense consideró esencial este cambio. En su fallo, el juez Pinos Guevara advirtió que dividir la causa —mantener el triple homicidio en la provincia y, por otro lado, enviar solo el aspecto del narcotráfico al juzgado federal— socavaría la administración de justicia, ya que el móvil de las muertes de Morena, Brenda y Lara es precisamente el narcotráfico. Narcotráfico.

En consecuencia, unificar todo bajo jurisdicción federal permite perseguir a todos los responsables, tanto autores materiales como intelectuales, locales y extranjeros, dentro de un único proceso coherente. Al mismo tiempo, la lista de imputados se amplió. Para finales de octubre, el caso tenía 11 detenidos vinculados.

Entre ellos se encuentran tanto autores directos en Argentina como miembros de niveles superiores de la banda. Las detenciones más recientes incluyeron a Mónica Débora Mujica, de 37 años, esposa de Víctor “El Duro” Sotacuro, detenida a mediados de octubre e imputada como coautora por su supuesta participación en la planificación o encubrimiento de los crímenes. Pero el mayor avance fue la imputación formal de Josep Freer Cuba Zavaleta, de 31 años, alias “Señor J”.

Considerado el autor intelectual que dio la orden de matar a las chicas, Cuba Zavaleta, ciudadano peruano oriundo de Trujillo, ya estaba preso en Argentina, en una dependencia de la Policía Federal en Palermo, enfrentando otra causa por narcotráfico y a la espera de ser extraditado a Perú. Fue allí donde el fiscal solicitó su detención en esta causa, y el 28 de octubre, el juez Pinos Guevara hizo lugar al pedido. El Señor J.

fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada, por la cantidad de autores y la presencia de una víctima menor de edad, en concurso con triple homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento, en un contexto de violencia de género, y con el fin de traficar drogas.

Es decir, enfrenta los mismos cargos extremadamente graves que los autores materiales. También se informó que su extradición a Perú quedó suspendida, dado que primero debe enfrentar el juicio en Argentina por este triple asesinato. A principios de noviembre, Cuba Zavaleta fue citado a declarar en esta causa y negó conocer a los otros detenidos, intentando despegarse de los hechos, según informes de prensa.

La veracidad de estas declaraciones será evaluada basándose en las pruebas. Lógicamente, el grupo estaba armado. Con estos avances, la lista de implicados quedó prácticamente completa. Como se detalló, los imputados detenidos incluyen a Víctor “El Duro” Sotacuro, de 41 años, identificado como el líder local; Celeste González Guerrero, de 28 años, quien alquilaba la casa donde ocurrió el crimen; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años, pareja de Celeste; Ara Daniela Ibarra, de 19, atrapada limpiando la escena del crimen; Andrés Maximiliano Parra, de 18, quien asistió en la limpieza;

Milagros Florencia Ibáñez, de 20 años, sobrina de Sotacuro, quien participó en la logística; Ariel Jeremías Alexis Jiménez, de 29 años, quien habría terminado de cavar la fosa; Matías Agustín Osorio, de 28 años, identificado como mano derecha del “Pequeño J”; y Mónica Mujica, esposa de Sotacuro. A estos se suman los líderes mencionados: el “Pequeño J”, de 20 años, detenido en Perú, y el Señor J, de 31 años, detenido en Argentina, completando el organigrama criminal. Todos los arrestados en Argentina permanecen con prisión preventiva debido a la contundente evidencia en su contra y el riesgo de fuga, dado claramente el alcance internacional de la banda. Mientras tanto, tres sospechosos identificados, miembros de los niveles medios y altos de la organización que habrían estado presentes durante el secuestro y asesinato, permanecen prófugos.

Son ciudadanos peruanos: Alex Roger y Done Castillos, ambos de 50 años; Manuel David Valverde Rodríguez, de 45; y David Gustavo Morales Hamaní, de 36 años, alias “El Loco David” o “El Tarta”. Se han emitido alertas rojas de Interpol contra ellos por secuestro y triple homicidio agravado. El juzgado bonaerense ya había librado órdenes de captura internacional para los tres, y agencias como Interpol y la policía peruana los están buscando activamente.

Done Castillo, novio de Milagros Ibáñez, tiene antecedentes por narcotráfico. En 2020, fue detenido en Buenos Aires a pedido de Perú tras ser encontrado con 51 kg de cocaína, pero luego fue liberado en plena pandemia porque Perú no formalizó la extradición a tiempo.

Manuel Chumán Valverde, tío del Pequeño J, está vinculado a la banda peruana La Jauría e incluso fue acusado de un homicidio en Trujillo en 2012. David Morales Huamaní, conocido como “El Loco”, habría coordinado parte de la logística en la noche del crimen. Se sabe que llegó embarrado y mojado en un vehículo de apoyo después de los asesinatos.

Los tres huyeron de Argentina después del crimen. Sin embargo, las autoridades confían en que serán localizados y extraditados tarde o temprano, dadas las identificaciones precisas que tienen. Si son capturados y eventualmente condenados, enfrentarían la cadena perpetua, al igual que el resto de los acusados. Si necesitás un abogado para un asunto similar al de este video, o quizás uno diferente, te invito a contactarme a mi número de teléfono, correo electrónico o a través de la página web de mi estudio jurídico, que he vinculado aquí en la pantalla.

Las últimas semanas también trajeron importantes confirmaciones periciales que solidifican la reconstrucción de los hechos. Por un lado, los informes forenses finales confirmaron las torturas infligidas antes de los asesinatos. Las autopsias realizadas por el Instituto de Ciencias Forenses de la zona sur del Gran Buenos Aires indicaron que las jóvenes fueron atadas, amordazadas y sometidas a múltiples lesiones antes de morir.

Los elementos encontrados en los cuerpos incluyeron mordazas de cinta plástica sobre sus bocas, ataduras en rodillas y tobillos, e incluso un cuchillo tipo Tramontina parcialmente enterrado junto a los restos. El avanzado estado de descomposición dificultó determinar la fecha exacta de muerte. Sin embargo, se confirmó que los cuerpos fueron enterrados poco después del crimen en una fosa de aproximadamente 2 metros de profundidad, que había sido cavada de antemano en el patio trasero de la casa.

Los asesinos cubrieron la fosa con cal, escombros, sábanas e incluso cemento para intentar ocultar el triple entierro. Aún así, la escena habló por sí sola. En el allanamiento de la casa de la calle Chañar en Florencio Varela, los peritos forenses recolectaron abundante evidencia física, incluyendo manchas de sangre en las paredes y techos, huellas y elementos usados en la mutilación, a pesar de los esfuerzos de algunos cómplices por limpiar y borrar los rastros.

De hecho, dos imputados, Yara Ibarra y Maximiliano Parra, fueron atrapados limpiando parte de la propiedad con el claro propósito de borrar pruebas cuando llegó la policía, por lo que también están imputados por encubrimiento agravado, además de su participación en el crimen. Junto con la evidencia física, el análisis de medios digitales proporcionó pruebas cruciales.

Los investigadores recuperaron comunicaciones de los celulares de los imputados, confirmando la premeditación. Al menos dos de los involucrados enviaron fotos de picos y palas horas antes del encuentro en Florencio Varela, indicando que ya habían preparado la fosa donde iban a enterrar a las víctimas. Asimismo, se extrajeron mensajes de texto y audios que reforzaron la hipótesis de un ajuste de cuentas narco.

Por ejemplo, se filtró un audio de WhatsApp que Tony, el “Pequeño J”, le envió a uno de sus socios mientras estaba prófugo, en el que afirmaba con tono agitado: “Esperá a que solucione este problema. Estoy en guerra. No quiero que veas lo que pasó”. Aludiendo claramente al triple asesinato y a las represalias en curso, esta grabación sugiere que el Pequeño J.

estaba lidiando con las evidentes consecuencias internas de sus actividades criminales. También mencionó tener que ser humillado por narcos mayores que le quitaron su dinero, lo cual se alinea con la idea de que debía responder ante sus superiores. Otra revelación escalofriante surgió del testimonio ampliado de la arrepentida Celeste González Guerrero a fines del mes pasado.

En su nueva declaración ante la fiscalía de La Matanza, Celeste afirmó que “El Papá”, apodo del segundo al mando de la organización, presenció los asesinatos de Brenda, Morena y Lara en vivo a través de una videollamada clandestina desde su propia celda. Relató que en la noche del 19 de septiembre, algunos miembros de la banda transmitieron en vivo en un celular ingresado ilegalmente a la cárcel de Palermo, donde estaba recluido el Señor J., mostrándole en tiempo real cómo mataban a las chicas. Dijo que alguien apodado Lima, supuestamente un guardia del papá, y que ambos observaban la primera ejecución mientras impartían órdenes. Esta versión contundente de los hechos llevó a los fiscales a actuar de inmediato. Con autorización judicial, allanaron la celda de Cuba Zavaleta en la madrugada del 25 de octubre.

Aunque no encontraron el teléfono, que evidentemente había sido retirado u ocultado, incautaron anotaciones y obtuvieron los registros de visitas y el libro de guardia de ese penal federal para investigar cómo pudo realizarse la llamada. Basándose en este testimonio, los cargos contra el Señor J. se fortalecieron como el posible autor intelectual que ordenó y supervisó el crimen, incluso desde detrás de las rejas.

Sobra decir que tal nivel de crueldad organizada, transmitiendo torturas en vivo, constituye un hecho sin precedentes en la historia criminal reciente. Respecto a otros análisis periciales complementarios, están pendientes los resultados finales del ADN de diversas evidencias recolectadas en la escena, incluyendo manchas seminales, cabellos y otros restos biológicos.

Aunque los investigadores indican que la mayoría de los involucrados fueron identificados principalmente a través de testimonios y filmaciones de cámaras de seguridad. De hecho, el seguimiento con cámaras fue crucial en las primeras semanas. Las grabaciones obtenidas por la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) mostraron los movimientos de los vehículos involucrados y permitieron a los investigadores ubicar a varios sospechosos en la escena del crimen o su cercanía.

También se sabe que un miembro de bajo nivel de la banda grabó partes del ritual macabro con otro celular como registro interno. Ese video estaría en poder de la justicia y podría convertirse en evidencia clave durante el juicio. Desde mediados de octubre en adelante, la investigación se centró en desentrañar la estructura narcotraficante detrás del triple homicidio.

La evidencia y la cooperación internacional dejaron claro que los jóvenes arrestados en Argentina no actuaron solos ni por cuenta propia; respondían a jerarquías basadas fuera del país. De hecho, según la fiscalía, la orden de ejecutar a Brenda, Morena y Lara vino desde Perú, emitida por al menos dos capos narcos conocidos por sus apodos, el “Abuelo” y el “Papá”.

Como mencioné antes, se cree que ambos son los máximos líderes de la organización transnacional, manteniéndose fuera de Argentina mientras gestionan el negocio ilícito. Gracias a inteligencia crucial aportada a fines de octubre, las autoridades pudieron identificar a uno de los autores. El papá resultó ser Josep J.

Cuba Zavaleta, como se mencionó anteriormente, quien se desempeñaba como segundo al mando de la banda. De nacionalidad peruana, Cuba Zavaleta era miembro de la vieja guardia del grupo criminal conocido como los “Pulpos de Trujillo” y era reconocido dentro de la organización como un temido narcotraficante. Era un buchón; todos le tenían miedo.

La testigo arrepentida, Celeste, relató cómo si alguien en la banda cometía un error, el papá ordenaba que los torturaran. Esas sesiones eran filmadas y luego enviadas como advertencia. El Señor J. coordinaba operaciones desde Buenos Aires, donde había sido capturado el 27 de agosto de este año, previo al triple homicidio, relacionado con el tráfico internacional de cocaína.

Irónicamente, estaba detenido en la misma ciudad donde ocurrieron los asesinatos, lo que, según la fiscalía, les permitió monitorear los hechos vía videollamada desde su celda. Ahora, tras ser formalmente imputado en nuestro país, este individuo permanece a disposición de la justicia. Es un sospechoso federal y no será extraditado a Perú por el momento.

Sigue siendo un misterio sin resolver. Podría ser un veterano narco peruano conectado con clanes locales. La Fiscalía Federal, con el apoyo de la PROCUNAR (Procuraduría Especializada en Narcocriminalidad), está siguiendo esta pista internacional para llegar a él y a toda su red. Como parte de esta colaboración, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con Interpol y la Policía Bonaerense, activó sus redes de inteligencia en Trujillo, lugar de origen de esta banda, buscando rastros del Abuelo y otras figuras clave, esperando cerrar finalmente la red. Es posible que se emitan nuevas órdenes de captura internacional en las próximas semanas relacionadas con este caso, extendiendo la investigación a Bolivia, Perú u otros países donde esta organización tiene ramificaciones. Mientras tanto, ya se conocen muchos detalles de la trama narco que culminó en este triple asesinato. Tony “Pequeño J” Hansen Valverde Victoriano, detenido en Lima, parece ser una figura central. Se cree que es el jefe operativo de la operación de venganza dentro del país, coordinando sicarios y asegurando la recuperación del supuesto cargamento robado. J. Con solo 20 años, tiene un prontuario forjado desde la adolescencia.

Es hijo de Hansen Valverde Rodríguez, un reconocido capo narco del barrio La Esperanza en Trujillo, líder de la banda Los Injertos de Nuevo Jerusalén. Su padre fue asesinado por sicarios rivales en 2018 cuando Tony tenía 13 años, y el joven juró venganza. En honor a su padre, adoptó el apodo de Pequeño J por Hansen y fue bautizado Tony tras el famoso personaje Tony Montana de Scarface, una referencia directa a la cultura narco-cinematográfica.

A los 15 años, en 2020, llegó a la Argentina, asentándose en la Villa 111 de Bajo Flores, donde empezó a construir su red local de venta de droga. Las autoridades creen que controlaba búnkeres de droga en el conurbano sur bonaerense y en villas de la capital, actuando como nexo entre proveedores peruanos y distribuidores locales.

De hecho, los operativos policiales tras el asesinato revelaron que la banda usaba una casa en la Villa 111 Zavaleta, en Barracas, como centro logístico donde se encontraron fajos de billetes, y se estimó que allí residían hasta 60 personas conectadas a la causa, dado el volumen de comida y suministros descubiertos. Este escondite fue abandonado apresuradamente tras el triple asesinato y es una señal de alerta que generó mucha atención.

Tras la masacre, el Pequeño J huyó de la Argentina, intentando eludir el cerco policial internacional. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Tony escapó a Bolivia por un paso clandestino y desde allí ingresó a Perú, nuevamente eludiendo controles migratorios. Sin embargo, cometió el error de mantener su celular prendido y usar el mismo número durante toda su fuga.

Los investigadores argentinos lograron obtener ese número allanando la casa de su novia en Buenos Aires pocas horas después de su escape y rastrearon la señal en tiempo real. En coordinación con la división antidrogas de la policía peruana, montaron un operativo encubierto. Una vez que localizaron a Matías Osorio en Lima, escondido a la vista de todos, agentes peruanos lo detuvieron e incluso se hicieron pasar por él en mensajes para coordinar una reunión con el Pequeño J.

Así, el 30 de septiembre, a solo 11 días del crimen, Tony “Pequeño J” fue capturado en Lima gracias al rastreo telefónico y la cooperación internacional. Junto a él, arrestaron a Osorio, su supuesto lugarteniente argentino de 28 años. Debido a que violó las leyes migratorias peruanas, Osorio fue rápidamente deportado de vuelta a Argentina para enfrentar cargos en Buenos Aires.

El Pequeño J, en cambio, enfrenta un proceso de extradición formal más extenso. En una audiencia en Lima el 3 de octubre, se le ofreció la opción de extradición simplificada a la Argentina, pero se negó voluntariamente a regresar de inmediato. Su abogado argumentó ante el juez peruano que Tony se sentía indefenso en Buenos Aires.

“Ya no tengo a mi familia. Si me detienen, ¿quién me va a visitar en la cárcel?”. El juez Cristian Chumpitas ordenó entonces que el Pequeño J permanezca con prisión preventiva en Perú por nueve meses a la espera de la extradición, tiempo durante el cual Argentina debe enviar todos los documentos legales por canales diplomáticos. Específicamente, Tony está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Cañete en Perú desde el 30 de septiembre, y su llegada a Buenos Aires podría demorarse meses mientras se completa la burocracia.

Cabe destacar que las autoridades peruanas ya lo buscaban por otros delitos. Estaba acusado de coaccionar a una joven para traficar 3 kg de cocaína a España, entre otras causas pendientes. La conexión con Bolivia, Paraguay y otros países también está bajo la lupa.

Los investigadores están analizando si la organización tenía proveedores de droga en Bolivia, de donde pudo provenir el cargamento robado, o vínculos en Paraguay para el lavado de dinero. Hasta ahora, no se confirmaron ramificaciones directas en esos países, pero la escala del arsenal logístico empleado —vehículos, armas blancas, comunicaciones encriptadas— sugiere una red con un apoyo más amplio.

La PROCUNAR ya está coordinando con agencias federales e internacionales para rastrear la ruta financiera y de proveedores del grupo criminal con el fin de desmantelar toda la red transnacional detrás del triple homicidio. La prioridad en esta nueva fase es capturar a los prófugos con alertas rojas para determinar si el Abuelo y otros posibles líderes se esconden en el extranjero. El fiscal Arribas ha descrito esto como una de las investigaciones criminales más profundas de la historia reciente en materia de violencia narco, claramente debido al nivel inusual de coordinación logrado entre fuerzas locales y extranjeras. Es importante destacar que los homicidios en sí ya se consideran resueltos en cuanto a los autores materiales.

Los fiscales reconstruyeron la cronología completa desde el secuestro de las chicas hasta 48 horas después del hecho, incluyendo la secuencia del entierro y la fuga. La investigación provincial concluyó con un expediente voluminoso de más de 15.500 fojas, y la derivación al juzgado federal busca desmantelar la estructura criminal subyacente.

Más allá de todo lo que ya discutí en videos anteriores, el caso se politizó. Dirigentes cuestionaron la falta de respuesta inicial del gobierno provincial ante la desaparición de las chicas y exigieron una mayor presencia estatal en barrios controlados por narcos. En respuesta, las autoridades bonaerenses enfatizaron el rápido accionar policial para encontrar a las víctimas e identificar a los responsables, pero reconocieron la necesidad de fortalecer las estrategias contra el narcomenudeo barrial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se involucró públicamente, ofreciendo recursos federales para la investigación. Mientras tanto, sectores sociales exigieron que no se estigmatizara a las víctimas. Las familias tuvieron que aclarar que, aunque las chicas tuvieran contactos ocasionales con ese entorno, eran víctimas que fueron engañadas y brutalmente asesinadas, no cómplices, combatiendo cualquier intento de culpabilización póstuma.

Con el paso de las semanas, las familias de Brenda, Morena y Lara siguieron de cerca el proceso legal, aunque recientemente surgió una controversia entre ellas. La familia de Lara expresó su oposición al traslado de la causa al fuero federal, temiendo que enfocarse en la organización narcotraficante diluya o postergue la condena por los femicidios.

Estela Mari Gutiérrez, madre de Lara, junto a su abogada Verónica Beliz, sostienen que la jurisdicción federal relega el homicidio a una preocupación secundaria y consideran prematuro trasladar la investigación antes de capturar a los tres prófugos restantes. Con ese fin, organizaron una marcha de familiares y amigos el 3 de noviembre frente a la Fiscalía de Homicidios de San Justo para condenar el nuevo rumbo de la causa y exigir que la justicia provincial continúe hasta que todos los involucrados sean aprehendidos. Carteles y publicaciones en redes sociales de este grupo indicaron que, si la causa pasa a jurisdicción federal, la investigación quedará en la nada. Quedan tres prófugos, reflejando su angustia de que el caso se empantane en la burocracia. Sin embargo, las otras dos familias, las de Brenda del Castillo y Morena Verdi, no comparten esta visión.

De hecho, los padres de Brenda, que participan como querellantes, y los padres de Morena emitieron un mensaje conjunto en redes sociales expresando su gratitud y satisfacción con el trabajo de la Fiscalía de La Matanza, afirmando que la investigación de Arribas y su equipo fue ejemplar. Estas familias apoyan el traslado a jurisdicción federal, confiando en que no obstaculizará la búsqueda de justicia, sino que permitirá la captura de los autores intelectuales. Una cosa no quita la otra. También expresaron empatía por los temores de la madre de Lara, pero discrepan con la estrategia. Entienden que los fiscales actuaron correctamente al consolidar las causas, porque de lo contrario podría haber impunidad para los cabecillas extranjeros.

Apoyando esta visión, el propio juez Pinos Guevara, en su fallo, enfatizó que no es posible lograr los objetivos de un proceso sin indagar en el otro. El móvil del narcotráfico es inseparable del crimen, dejando claro que la justicia federal tiene las herramientas para juzgar a los máximos responsables sin descuidar la condena de los ya detenidos en Argentina.

La situación creada por esta divergencia es delicada. Los fiscales invitaron a la familia de Lara al diálogo, afirmando que entendían su dolor y que harían todo lo posible por mantenerlos informados y acelerar el proceso. Mientras tanto, las familias de Brenda y Morena llamaron públicamente a la unidad y a confiar en el proceso.

Vale mencionar que el abogado de Brenda del Castillo elogió la decisión de involucrar al fuero federal y a la PROCUNAR, señalando que será la forma de desmantelar toda la red que causó la tragedia y, de alguna manera, evitar que algo así vuelva a suceder, lo cual, en última instancia, también es una forma de justicia para las víctimas.