El Caso Reciente que Horrorizó a Perú l Crismar Andreina “La cortadedos”

El Caso Reciente que Horrorizó a Perú l Crismar Andreina “La cortadedos”

El caso de Crismar Andreina Contreras González, apodada “la gatúbela”, parece sacado de una película de terror, pero pasó de verdad. A principios de 2026, Perú se sacudió al enterarse de la captura de esta joven venezolana, de solo 19 años, identificada como la líder y principal ejecutora de una célula criminal dedicada a secuestros y extorsiones vinculada al Tren de Aragua.

Las autoridades la acusaron de engatusar a hombres adinerados a través de las redes sociales para después someterlos a torturas indecibles. Los tenían encerrados en una casa del horror donde los cagaban a golpes, no los dejaban dormir y, en los casos más extremos, les mutilaban los dedos. A cambio, las familias recibían videos macabros y pedidos de rescate que superaban los 100.000 soles, entre 27.000 y 9.000 dólares.

La historia de Crismar empieza lejos de Lima, en Maracay, Venezuela. Nació alrededor de 2007 en una familia de recursos limitados. Se reveló, a través de la evaluación psicológica presentada tras su detención, que su infancia no fue nada fácil.

A los 8 años, la secuestraron. En ese incidente, según cuenta ella, logró escapar amputándole los dedos a su captor. Esta escena, digna de un thriller de venganza, le marcó la psiquis profundamente. El informe dice que este acto le trajo una sensación de alivio y una sensación de control sobre la vulnerabilidad que había vivido.

El horror no terminó ahí. Cuando tenía 12, mataron a su papá. Unos meses después, ella y su madre, Jenny González Mendoza, decidieron migrar a Perú, como tantos otros venezolanos que huían de la crisis social y económica. La chica llegó a Lima con poca escolaridad y poca supervisión. Su adolescencia transcurrió en barrios pobres, en contacto constante con bandas y la red del Tren de Aragua que no paraba de crecer.

La psicología forense describe cómo se le fue endureciendo el carácter; tenía rasgos violentos, cero empatía y un umbral de frustración bajísimo. No terminó el secundario y empezó a juntarse con gente vinculada al crimen organizado. Cuando cumplió 18, las bandas de extorsionadores la encontraron. Algunas versiones dicen que había sido víctima de explotación sexual y que su reacción violenta se volvió una forma de sobrevivir.

Años después, esta joven, apodada la Cortadedos, se convertiría en una figura clave de la banda Los Herederos del Tren de Aragua o El Ampa del Tren de Aragua, células que replicaban los métodos del cartel venezolano en Perú. Para entender la historia de Crismar, hay que saber qué es el Tren de Aragua.

Esta organización criminal nació en la cárcel de Tocorón en Venezuela y, a lo largo de la última década, se expandió por varios países de Sudamérica. En Perú, su presencia se detectó por primera vez en 2018 cuando descubrieron una red dedicada a la trata de personas y la venta de sustancias ilegales. Sin embargo, en 2024 y 2025, se consolidó una facción nueva llamada Los Herederos o Nueva Generación del Tren de Aragua, formada por pibes de entre 18 y 25 años que emulaban la violencia de sus predecesores. Esta célula encontró terreno fértil en Lima. La ciudad albergaba a una gran comunidad migrante, muchos en situaciones precarias. Las autoridades peruanas sabían que el Tren de Aragua explotaba estas vulnerabilidades para reclutar mujeres como anzuelos y hombres como sicarios o extorsionadores. La prensa describió a estas células como redes familiares donde incluso madres e hijas participan de los crímenes.

Crismar y su madre serían un ejemplo de manual. En 2026, los secuestros que incluían mutilaciones empezaron a salir en todos los noticieros. La Policía Nacional del Perú detectó un patrón. Las víctimas eran hombres con algo de guita —ingenieros, comerciantes, mineros y técnicos— que habían sido contactados por chicas jóvenes y atractivas a través de TikTok, Instagram y otras redes.

Estas mujeres arreglaban encuentros íntimos. Los hombres iban, confiados, y terminaban prisioneros en un lugar que los medios pronto bautizarían como la casa del terror. Eran torturados por estas mujeres, incluida una —una mujer que cumple un rol importantísimo en esta banda criminal porque se cree que es la que le cortaba los dedos a sus víctimas.

Su círculo íntimo incluía a su madre, Jenny González Mendoza, de 33 años, y otras chicas de entre 18 y 21 años, como Britney Neira, Dignaicoris Franco y Carla Hernández. Según los partes policiales, la organización operaba como una empresa criminal. Crismar era la cara pública seductora encargada de engatusar a los hombres.

Su madre coordinaba la logística y lavaba la guita. Otros miembros estaban a cargo de vigilar, torturar y mutilar a las víctimas. El proceso arrancaba en las redes sociales. Crismar posteaba videos sugerentes, bailes y mensajes que daban a entender encuentros íntimos. Una vez que contactaba a un posible cliente, se ganaba su confianza y arreglaba para encontrarse en una zona céntrica de Lima.

Ahí, otro miembro de la banda lo levantaba y lo llevaba a una casa en El Agustino, un barrio laburante de la capital. Este lugar, al que la policía apodó “casa del terror”, estaba acondicionado para el encierro ilegal. Había habitaciones cerradas con rejas, colchones en el piso, sogas y cámaras de video. A las víctimas las ataban de pies y manos, les pegaban con culatas de armas y las dejaban sin dormir durante horas.

A veces los obligaban a arrodillarse frente a un celular que grababa el horror. Si las familias tardaban en pagar el rescate, Crismar o sus cómplices agarraban un cuchillo o una trincheta y le cortaban un dedo a la víctima. Ese dedo mutilado aparecía en el video acompañado de gritos y súplicas.

Estas imágenes se mandaban por WhatsApp a las familias junto con un mensaje: o depositaban la guita o seguían las mutilaciones. Las sumas que pedían llegaban a los 100.000 soles, que eran unos 29.000 dólares, y en algunos casos pedían hasta 300.000 soles. “Lo que quiero saber es si ya está toda la plata, porque les dijimos hasta las 9.

Necesito una resolución rápida, rápido, porque si no voy a perder la paciencia y voy a matar a su marido”. Señora, el esquema era perverso. No solo pedían plata, sino que amenazaban con matar a las víctimas si reconocían a los secuestradores. Según la policía, en al menos cinco secuestros realizados en 15 días, la banda logró recaudar unos 350.000 soles, casi 100.000 dólares.

Las víctimas eran mayormente mecánicos, ingenieros, mineros y dueños de negocios. Uno de los secuestrados, un joven venezolano, fue asesinado y su cuerpo mutilado; lo encontraron más tarde en el distrito de Santa Anita. Crismar estaba a cargo de elegir a las víctimas. Según el informe forense, mostraba rasgos psicopáticos.

No sentía remordimiento, disfrutaba sometiendo a su presa y la excitaba la violencia, usando una sustancia sintética parecida al LSD mezclada con MDMA. Su perfil camaleónico le permitía aparecer como una chica inocente en internet y como una verdugo despiadada en la casa del terror. La policía la identificó como la principal autora de las mutilaciones.

La primera casa de cautiverio de la banda estaba ubicada en Ancieta Alta, una zona de El Agustino. Ahí, Crismar, su entonces pareja Germán y José Arcos Flores tenían a varios de sus cautivos. Ella incluso usaba su propia habitación para tener a los hombres encerrados mientras su madre custodiaba la entrada. Una segunda casa estaba en la cooperativa Huancayo, también en El Agustino.

Estas casas estaban custodiadas por jóvenes armados y, debido a que estaban en barrios muy poblados, pasaban desapercibidas. Adentro, las escenas eran horribles. Los secuestrados contaron que las mujeres les ofrecían comida y después se la sacaban de golpe. Ponían música fuerte durante horas para que no pudieran dormir y les mostraban videos de otros hombres mutilados para quebrarles la voluntad.

Uno de ellos, un ingeniero electrónico, logró sobrevivir porque su familia pagó el rescate y la banda lo liberó en las afueras de Lima. Otro, un ciudadano venezolano que trabajaba como técnico, murió durante su cautiverio y encontraron su cuerpo mutilado días después. El círculo íntimo de Crismar incluía a su madre, Jenny, que había migrado con ella desde Venezuela y fue detenida en el mismo operativo.

Esta participación materna causó un impacto tremendo. La sociedad se preguntaba cómo una madre podía estar metida en semejante crimen. Cómo podía proteger a una hija que torturaba y mutilaba a otras personas. Jenny estaba a cargo de manejar la guita y procesar las transferencias. La banda usaba cuentas bancarias de terceros y hasta cuentas de personas ya fallecidas para esconder los rescates y evadir a las unidades de inteligencia financiera.

Además de Jenny, detuvieron a otras tres jóvenes: Britney Neira, Dignaicoris Franco y Carla Hernández. Todas se encargaban de armar las estafas online y cuidar a las víctimas. Según las autoridades, la estructura familiar ayudó a que la banda operara como un negocio. Crismar era la cara pública, pero la plata se repartía entre todas.

El fiscal del caso diría después que era una operación familiar altamente organizada. La desaparición del joven venezolano, cuyo cuerpo mutilado encontraron en Santa Anita, fue el primer golpe mediático fuerte contra la banda. El cuerpo había sido desmembrado y tirado en un terreno baldío. Las autoridades estaban shockeadas por la crueldad y la falta de profesionalismo.

Los cortes parecían hechos por alguien con experiencia en mutilar personas, pero sin ningún intento de ocultar el crimen. El hallazgo coincidió con denuncias de varios familiares que recibían videos donde se veía a sus hijos y maridos atados, con las manos ensangrentadas y faltando dedos. La familia de un ingeniero electrónico que estaba de viaje cuando lo secuestraron decidió romper el silencio.

Al recibir el video de su ser querido con un dedo amputado, fueron inmediatamente a la división de secuestros de la Policía Nacional y entregaron toda la evidencia. Este acto de valentía permitió a los agentes analizar los datos de WhatsApp y rastrear la ubicación de la casa donde se estaban grabando los videos.

Mediante la triangulación de las antenas de celulares, se determinó que las señales salían del distrito de El Agustino. Mientras tanto, un mecánico de minas logró escapar. Después de pagar su rescate y de ser liberado en las afueras de Lima, se reunió en secreto con la policía y describió el interior de la casa. Contó detalles.

Había un colchón lleno de sangre, sogas y una chica venezolana que siempre llevaba un cuchillo. La dueña de la casa era la que ordenaba que cortaran los dedos. El testimonio coincidía con las imágenes de TikTok de Crismar. Esto le dio a la policía la primera pista concreta: una chica con tatuajes y pelo rubio, conocida en internet como Andreina, la cortadedos.

Se asignó un equipo para seguir la ruta del dinero. Los rescates se depositaban en cuentas de personas fallecidas o de gente que no tenía nada que ver. Para investigar, la policía coordinó con la Superintendencia de Banca y Seguros. Descubrieron que las cuentas usadas se habían abierto hace poco con documentos falsos y que las extracciones se hacían en efectivo en cajeros de El Agustino.

Revisaron las cámaras de seguridad de esos cajeros y vieron a una joven de contextura delgada y pelo claro sacando la plata mientras su nombre aparecía en la puerta. Compararon las imágenes con los videos de TikTok y coincidían con los de Crismar. Otra línea de investigación fue identificar los números de teléfono desde donde mandaban los mensajes de extorsión.

Un escaneo de las antenas de telefonía cerca de las casas en El Agustino reveló patrones. Los mismos teléfonos se conectaban a redes Wi-Fi a horas específicas y después se desconectaban. Además, descubrieron que usaban tarjetas SIM prepagas asociadas a nombres falsos. La policía pinchó las comunicaciones y escuchó conversaciones en las que un hombre decía: “Tenemos que cortar más dedos para que paguen rápido”.

La voz femenina que respondía sonaba joven y ordenaba que cada amputación fuera grabada para que las familias fueran testigos del sufrimiento. Finalmente, se decidió infiltrar a una agente encubierta. La policía se hizo pasar por una migrante buscando trabajo y logró contactar a una de las jóvenes de la banda en TikTok.

Después de semanas de charla, recibió una invitación para conocer una oportunidad de negocio en el mismo distrito. Gracias a este encuentro, los detectives obtuvieron la dirección exacta de una de las “casas del terror”, una propiedad en la calle Los Rosales en la cooperativa Huancayo. La policía sabía que tenía poco tiempo. Cualquier filtración podía costarle la vida a los rehenes.

El operativo se planeó con el apoyo del subgrupo de acciones tácticas, agentes de inteligencia y fiscales especializados en crimen organizado. Tenían que entrar rápido, neutralizar a los delincuentes y rescatar a los rehenes. Lo que no sabían era que Crismar ya había cambiado su base de operaciones. El domingo 26 de mayo de 2026, a las 3 de la mañana, decenas de agentes rodearon la casa de la familia Rosales con órdenes de detención.

Irrumpieron en la propiedad y encontraron habitaciones vacías. Sogas, colchones y una pequeña cámara GoPro eran las únicas señales de que ahí se habían cometido torturas. El operativo no fue en vano. Detuvieron a dos de los guardias y obtuvieron información crucial.

Los detenidos confesaron que la banda se había mudado a un hostel en el distrito de Ate, donde se escondían la líder y su madre. Horas más tarde, la policía fue al hostel indicado. En la recepción, preguntaron por una mujer venezolana con un niño pequeño. El recepcionista, nervioso, señaló la habitación 104.

Los agentes se dividieron. Algunos cubrieron las salidas mientras otros se acercaron a la puerta. Golpearon fuerte y gritaron: “¡Policía, abran la puerta!”. Adentro, Crismar se levantó sobresaltada, tomó a su hijo en brazos y miró a su madre. No había escapatoria. La policía tiró la puerta abajo y las redujo en segundos. “J Carolina González Mendoza. ¿Qué edad tenés? 33. ¿Qué estabas haciendo? Estaba acostada con mi hija y tuvieron que intervenir”.

Crismar fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal. Durante el operativo, secuestraron celulares, ropa con rastros de sangre y un colchón empapado con fluidos. Jenny, la madre, fue detenida junto a otras dos mujeres que también estaban en el hostel. En total, las autoridades informaron de 11 detenidos en el operativo, todos vinculados a la célula del Tren de Aragua.

“Adrián, ¿hay algo que quieras decir? ¿Es verdad o es mentira de lo que te acusan? ¿Cortaste los dedos de tus víctimas?”. “Es mentira. Todo es mentira”. La prensa esperaba afuera de la comisaría. Las cámaras apuntaban a la joven de rostro sereno y mirada desafiante. Cuando un periodista le preguntó si ella era la responsable de las mutilaciones, Crismar respondió con frialdad: “No sé de qué me están hablando”.

Esta actitud, lejos de mostrar arrepentimiento, reforzó su apodo, “la cortadedos”. Los psiquiatras que la entrevistaron después la describieron como alguien que mostraba rasgos psicopáticos y una falta de culpa absoluta. Los celulares secuestrados durante la captura de Crismar y sus cómplices resultaron ser una mina de oro de información.

Los expertos forenses pasaron semanas extrayendo y desencriptando miles de mensajes, fotos y videos guardados en los dispositivos. Lo que encontraron confirmó la magnitud del horror. En varios videos se veía a Crismar cortando los dedos de sus víctimas de secuestro mientras sonreía y decía cosas como: “¿Esto es por no pagar?”. Otros mensajes coordinaban los encuentros.

Ella mandaba la ubicación de cafés o centros comerciales donde se encontraría con sus víctimas y pedía a sus cómplices que los levantaran. También había conversaciones donde su madre discutía cuánto se le cobraría a cada familia y la proporción que recibiría cada miembro. El análisis de los registros bancarios indicó que los rescates se depositaban en cuentas de personas fallecidas y luego se transferían a cuentas en Venezuela, Colombia y Brasil para dificultar el rastreo.

Además, se encontraron pruebas de que Crismar mantenía comunicación con miembros de la banda del Tren de Aragua en otros países. Mensajes de audio los mostraban pidiendo autorización para ejecutar a quienes se negaban a pagar y celebrando cuando lograban cobrar un rescate más grande. Uno de los audios decía: “Mi reina, sos la mejor. Saludos a los pibes en Tocorón”.

Este vínculo transnacional mostró que la célula de Lima era solo una pieza de una estructura mucho más grande. Un hallazgo sorprendente fue una serie de fotos donde Crismar aparecía con el padre de su hijo, Germán, y José Arcos Flores. Él había sido detenido en abril de 2026, acusado de pertenecer a la banda “Los Herederos del Tren de Aragua”, pero lo habían liberado y estaba en prisión preventiva.

Los investigadores concluyeron que Crismar siguió operando la banda incluso después de su captura y que él la apoyaba desde la cárcel. Esta evidencia permitió al Ministerio Público presentar cargos por secuestro agravado, extorsión, homicidio, lavado de activos y participación en una organización criminal. La fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para todos los detenidos y advirtió que, debido a la gravedad de los crímenes, Crismar enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua, la pena máxima en el sistema judicial peruano.

El informe del equipo de psicólogos forenses que evaluó a Crismar Andreina Contreras fue demoledor. La joven mostraba una personalidad antisocial con rasgos psicopáticos y una capacidad de empatía mínima. Los especialistas recordaron que a los 8 años, ella había escapado de un secuestro cortándole los dedos a su captor, un hecho que le quedó grabado en la memoria.

Se cree que esta experiencia le inculcó la idea de que la mutilación daba poder. Cuando mataron a su padre y su familia migró a Perú, Crismar se encontró en una situación desesperada. La falta de oportunidades educativas la empujó a los círculos criminales. La psicóloga Brigit Carpio declaró en una entrevista televisiva que la joven aprendió a normalizar la violencia como una herramienta de supervivencia y que sus relaciones amorosas estaban marcadas por el abuso.

De hecho, se reveló que atacó al padre de su hijo después de una discusión, causándole lesiones graves. El informe también mencionó su consumo de Tusi. Esta sustancia, una mezcla de LSD y MDMA, causa euforia, desinhibición y, en algunos casos, episodios de agresividad. Crismar confesó consumirla antes de cortar los dedos.

Ella usaba los dedos de sus víctimas para sentirse valiente. Los especialistas señalaron que la combinación de una infancia traumática, un entorno familiar criminal, la migración y el consumo de sustancias psicoactivas crearon el caldo de cultivo para su conducta criminal. Sin embargo, algunos medios se enfocaron en cómo la sociedad peruana recibió a decenas de miles de migrantes venezolanos sin brindarles apoyo psicosocial.

Se debatió si la falta de integración, el hacinamiento y la discriminación contribuyeron a que jóvenes como Crismar se involucraran en bandas criminales. La periodista Paola Ugas escribió que no se trata de justificar el crimen, sino de entender cómo una niña migrante puede convertirse en victimaria. Tras su detención, Crismar y las otras 10 personas involucradas fueron llevadas ante el juzgado de investigación preparatoria de Lima.

Ahí, se ordenó su prisión preventiva por 15 días mientras se preparaban los cargos formales. La fiscalía los acusó de secuestro agravado, extorsión, homicidio calificado y lavado de activos. Según la prensa, los cargos podrían resultar en una condena a cadena perpetua. En la audiencia, Crismar se mostró fría y respondió con monosílabos.

Su defensa argumentó que había sido obligada a participar en los crímenes por su pareja y su madre. También alegaron que era víctima de trata de personas. La fiscalía refutó esta versión mostrando videos en los que ella mutila a los secuestrados y conversaciones en las que da órdenes a sus cómplices.

El juez consideró que la evidencia era contundente y ordenó la prisión preventiva para todos los acusados. El fallo mencionó la gravedad del crimen, el peligro de fuga y la posibilidad de que pudieran obstruir la investigación. Mientras tanto, la policía seguía buscando a otros involucrados, especialmente a los hombres que habían actuado como guardias y transportistas en los secuestros.

Crismar fue trasladada a la cárcel de mujeres de Chorrillos, una de las penitenciarías más duras de Lima. Ahí, las internas la observaban con curiosidad. Algunas sabían quién era por las noticias, otras la habían conocido antes. La joven apareció en el pabellón con la misma frialdad que había mostrado ante las cámaras.

Según informes extraoficiales, Crismar sufrió al principio intentos de ataques de otras internas que la despreciaban por mutilar a sus víctimas, pero pronto se ganó el respeto de algunas de ellas ofreciendo protección y facilitando contactos con el exterior, replicando la lógica de la banda del Tren de Aragua dentro de la cárcel.

También hay rumores de que Crismar podría intentar negociar una rebaja de pena a cambio de cooperar con la justicia. Su abogado dejó entrever que estaría dispuesta a revelar nombres de miembros de alto rango del Tren de Aragua. Sin embargo, la fiscalía señala que los videos la muestran como la autora de las mutilaciones y que es difícil ofrecerle beneficios.

Su historia de infancia y su perfil mediático la convierten en una presa bajo mucha vigilancia. Mientras tanto, su hijo fue inscrito en un programa estatal de protección infantil. Especialistas trabajan para brindarle un entorno seguro, lejos del crimen. Además de Crismar y su madre, el operativo policial capturó a varios hombres y mujeres vinculados a la banda.

Entre ellos estaban un joven conocido como “El Chamo”, que custodiaba a las víctimas, y “La Flaca”. Una mujer fue detenida por cocinar para los secuestrados y asegurarse de que no escaparan. También detuvieron a un taxista que transportaba a las víctimas entre distintas propiedades. Cada persona recibió cargos según su nivel de participación.

Algunos intentaron cooperar con las autoridades, pero sus testimonios eran contradictorios. La policía buscaba especialmente a un hombre apodado “el colombiano”, identificado como el coordinador entre la célula de Lima y la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela. Según los mensajes encontrados, este individuo autorizaba la ejecución de los secuestrados y decidía qué porcentaje del rescate iba para la banda y qué porcentaje volvía a la organización madre.

Las autoridades peruanas pidieron ayuda a la Interpol y a las fuerzas de seguridad colombianas para localizarlo. Hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio. El caso de Crismar Andreina Contreras González, alias “la cortadedos”, es la suma de muchas tragedias: la de una chica que creció en un ambiente violento, la de familias destruidas por la extorsión y el secuestro, la de un país luchando por contener a una organización criminal y la de una sociedad que no supo integrar a cientos de miles de migrantes.

Este caso permite entender cómo se crea un monstruo, pero creo que también nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades en los entornos sociales. En la vida de Crismar hay elementos que pueden generar mucha empatía: su infancia traumática, la pobreza y la falta de oportunidades.

Pero quiero dejar claro que nada de eso es justificación, ni elimina su responsabilidad por los crímenes que cometió. Los videos donde se la ve mutilando a sus víctimas son prueba irrefutable de que la joven disfrutaba causando dolor. Su historia también demuestra cómo la violencia puede reproducirse y amplificarse cuando no hay una intervención a tiempo.

Para las víctimas y sus familias, la justicia todavía no llegó. Muchos siguen recuperándose de este trauma. Los padres del ingeniero y del mecánico que sobrevivieron formaron asociaciones para apoyar a las víctimas de secuestro. Le pidieron al Estado que garantice asistencia psicológica y económica, pero sobre todo, que garantice una justicia que haga caer todo el peso de la ley sobre quienes están cometiendo este tipo de delitos.

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