Nadie imaginó lo que escondía “La Cortadedos”: el caso que dejó a todo Perú paralizado

El caso de Crismar Andreina Contreras González, apodada “la cortadedos”, parece sacado de una película de terror, pero ocurrió de verdad. A principios de 2026, Perú se vio sacudido al conocerse la captura de esta joven venezolana de apenas 19 años, identificada como la cabecilla y principal ejecutora de una célula criminal de secuestros y extorsiones vinculada al Tren de Aragua.

Las autoridades la acusaron de atraer a hombres adinerados a través de las redes sociales para luego someterlos a torturas indecibles. Los mantenían en una casa del terror donde los golpeaban, les impedían dormir y, en casos extremos, les mutilaban los dedos. A cambio, las familias recibían videos escalofriantes y demandas de rescate que alcanzaban más de 100.000 soles, entre 9.000 y 27.000 dólares.

“Necesito una resolución rápida, porque si no, voy a perder la paciencia y voy a matar a su marido”, le advertían. Señora, aquí le cuento la historia completa de la mujer conocida en el bajo mundo como la cortadedos.

La historia de Crismar comienza lejos de Lima, en Maracay, Venezuela. Nació alrededor de 2007 en una familia de escasos recursos. Se reveló, a través de la evaluación psicológica presentada tras su detención, que su infancia no fue fácil.

“A los 8 años fui secuestrada”, relató ella misma. Según su testimonio, logró escapar amputándole los dedos a su captor. Esta escena, digna de un thriller de venganza, marcó profundamente su psiquis. El informe señala que este acto le produjo una sensación de alivio y un sentimiento de control sobre la vulnerabilidad que había experimentado.

El horror no terminó ahí. Cuando tenía 12 años, asesinaron a su padre. Pocos meses después, ella y su madre, Jenny González Mendoza, decidieron migrar a Perú, como tantos otros venezolanos que huían de la crisis social y económica. La joven llegó a Lima con poca escolaridad y nula supervisión. Su adolescencia transcurrió en barrios empobrecidos, en contacto constante con pandillas y la creciente red del Tren de Aragua.

La psicología forense describe cómo se endureció su carácter; tenía rasgos violentos, nula empatía y un umbral de frustración muy bajo. No terminó el colegio y comenzó a relacionarse con personas vinculadas al crimen organizado. Al cumplir los 18 años, las redes de extorsión la captaron. Algunas versiones afirman que ella había sido víctima de explotación sexual y que su reacción violenta se convirtió en una forma de sobrevivir.

Años después, esta joven, apodada “la cortadedos”, se convertiría en una figura clave de la banda Los Herederos del Tren de Aragua, o El Ampa del Tren de Aragua, células que replicaban los métodos del cartel venezolano en suelo peruano. Para entender la historia de Crismar, es necesario saber qué es el Tren de Aragua.

Esta organización criminal surgió en la cárcel de Tocorón en Venezuela y, durante la última década, se expandió a varios países de Sudamérica. En Perú, su presencia se detectó por primera vez en 2018 cuando se descubrió una red dedicada a la trata de personas y la venta de sustancias ilícitas. Sin embargo, en 2024 y 2025, una nueva facción llamada Los Herederos, o la nueva generación del Tren de Aragua, se consolidó.

Compuesta por jóvenes de entre 18 y 25 años, emulaban la violencia de sus predecesores. Esta célula encontró tierra fértil en Lima. La ciudad albergaba a una gran comunidad migrante, muchos de ellos en situaciones precarias. Las autoridades peruanas sabían que el Tren de Aragua aprovechaba estas vulnerabilidades para reclutar miembros: mujeres como señuelos y hombres como sicarios o extorsionadores.

La prensa ha descrito a estas células como redes familiares donde incluso madres e hijas participan en los delitos. Crismar y su madre serían un ejemplo claro. En 2026, los secuestros que involucraban mutilaciones comenzaron a aparecer en los titulares. La Policía Nacional del Perú detectó un patrón. Las víctimas eran hombres con ciertos recursos económicos —ingenieros, comerciantes, mineros y técnicos— que habían sido contactados por jóvenes atractivas a través de TikTok, Instagram y otras plataformas.

Estas mujeres concertaban encuentros íntimos. Los hombres acudían confiados y terminaban prisioneros en un lugar que los medios pronto bautizarían como la “casa del terror”. Allí eran torturados por estas mujeres, incluida una mujer que desempeña un papel muy importante en esta banda criminal porque se cree que es ella quien mutila los dedos de sus víctimas.

Su círculo íntimo incluía a su madre, Jenny González Mendoza, de 33 años, y otras jóvenes de entre 18 y 21 años, como Britney Neira, Dignaicoris Franco y Carla Hernández. Según los informes policiales, la organización operaba como una empresa criminal. Crismar era la cara pública seductora responsable de atraer a los hombres.

Su madre coordinaba la logística y lavaba el dinero. Otras integrantes se encargaban de vigilar, torturar y mutilar a las víctimas. El proceso comenzaba en redes sociales. Crismar publicaba videos sugerentes, bailes y mensajes insinuando encuentros íntimos. Una vez que contactaba a un cliente potencial, ganaba su confianza y acordaba encontrarse en una zona céntrica de Lima.

Allí, otro miembro de la banda lo recogía y lo llevaba a una casa en El Agustino, un distrito popular de la capital. Este lugar, que la policía denominó “casa del terror”, estaba acondicionado para la detención ilegal. Había habitaciones cerradas con rejas, colchones en el suelo, cuerdas y cámaras de video. Las víctimas eran atadas de pies y manos, golpeadas con culatas de armas y privadas de sueño durante horas.

A veces los obligaban a arrodillarse frente a un celular que grababa el horror. Si las familias tardaban en pagar el rescate, Crismar o sus cómplices tomaban un cuchillo o una navaja y le cortaban un dedo a la víctima. Ese dedo mutilado aparecía en el video acompañado de gritos y súplicas.

Estas imágenes eran enviadas por WhatsApp a las familias junto con un mensaje: o depositaban el dinero o las mutilaciones continuarían. Las sumas exigidas alcanzaban los 100.000 soles, que eran aproximadamente 29.000 dólares, y en algunos casos pedían hasta 300.000 soles.

“Lo que quiero saber es si ya está todo el dinero, porque les dijimos hasta las 9. Necesito una resolución rápida, rápida, porque si no, voy a perder la paciencia y voy a matar a su marido”, amenazaban.

Señora, el esquema era perverso. No solo exigían dinero, sino que también amenazaban con matar a las víctimas si reconocían a los secuestradores. Según la policía, en al menos cinco secuestros realizados en 15 días, la banda logró recaudar aproximadamente 350.000 soles, unos 100.000 dólares.

Las víctimas eran mayormente mecánicos, ingenieros, mineros y empresarios. Uno de los secuestrados, un joven venezolano, fue asesinado y su cuerpo mutilado; fue hallado después en el distrito de Santa Anita. Crismar estaba a cargo de seleccionar a las víctimas. Según el informe forense, exhibía rasgos psicopáticos.

No mostraba remordimiento, disfrutaba sometiendo a sus presas y se excitaba con la violencia, usando una sustancia sintética similar al LSD mezclada con MDMA. Su perfil camaleónico le permitía aparecer como una chica inocente en línea y como una verdugo implacable en la casa de los horrores. La policía la identificó como la principal autora de las mutilaciones.

La primera casa de cautiverio de la banda estaba ubicada en Ancieta Alta, una zona de El Agustino. Allí, Crismar, su entonces pareja Germán y José Arcos Flores mantuvieron cautivas a varias de sus víctimas. Incluso utilizaba su propio dormitorio para mantener a los hombres retenidos mientras su madre vigilaba la entrada. Una segunda casa estaba ubicada en la cooperativa Huancayo, también en El Agustino.

Estas casas estaban custodiadas por jóvenes armados y, debido a su ubicación en barrios densamente poblados, pasaban desapercibidas. Adentro, las escenas eran horribles. Los secuestrados contaban que las mujeres les ofrecían comida y luego se la quitaban bruscamente. Ponían música a alto volumen durante horas para evitar que durmieran y les mostraban videos de otros hombres mutilados para quebrar su voluntad.

Uno de ellos, un ingeniero electrónico, logró sobrevivir porque su familia pagó el rescate y la banda lo liberó en las afueras de Lima. Otro, un ciudadano venezolano que trabajaba como técnico, murió durante su cautiverio y su cuerpo mutilado fue encontrado días después. El círculo íntimo de Crismar incluía a su madre, Jenny, quien había migrado con ella desde Venezuela y fue arrestada en el mismo operativo.

Esta participación materna causó gran conmoción. La sociedad se preguntaba cómo una madre podía estar involucrada en tal crimen. ¿Cómo podía proteger a una hija que torturaba y mutilaba a otras personas? Jenny se encargaba de manejar el dinero y procesar las transferencias. La banda usaba cuentas bancarias de terceros e incluso cuentas de personas fallecidas para ocultar los rescates y evadir a las unidades de inteligencia financiera.

Además de Jenny, fueron detenidas otras tres jóvenes: Britney Neira, Dignaicoris Franco y Carla Hernández. Todas ellas se encargaban de organizar las estafas en línea y cuidar a las víctimas. Según las autoridades, la estructura familiar ayudaba a que la banda operara como un negocio. Crismar era la cara pública, pero el dinero se repartía entre todas.

El fiscal del caso diría más tarde que era una operación familiar altamente organizada. La desaparición del joven venezolano, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en Santa Anita, fue el primer gran golpe mediático contra la banda. El cuerpo había sido desmembrado y arrojado en un campo abierto. Las autoridades estaban conmocionadas por la crueldad y la falta de profesionalismo.

Los cortes parecían haber sido hechos por alguien con experiencia en mutilación, pero sin ningún intento de ocultar el crimen. El hallazgo coincidió con denuncias de varios familiares que recibían videos donde se veía a sus hijos y esposos atados, con manos ensangrentadas y dedos faltantes. La familia de un ingeniero electrónico que estaba de viaje cuando fue secuestrado decidió romper su silencio.

Al recibir el video de su ser querido con un dedo amputado, acudieron inmediatamente a la división de secuestros de la Policía Nacional y entregaron todas las pruebas. Este acto de valentía permitió a los agentes analizar datos de WhatsApp y rastrear la ubicación de la casa donde se grababan los videos.

Mediante la triangulación de antenas de telefonía, se determinó que las señales provenían del distrito de El Agustino. Mientras tanto, un mecánico de minas logró escapar. Tras pagar su rescate y ser liberado en las afueras de Lima, se reunió secretamente con la policía y describió el interior de la casa. Relató detalles: había un colchón manchado de sangre, cuerdas y una chica venezolana que siempre portaba un cuchillo. La dueña de la casa era quien ordenaba cortar los dedos.

El testimonio coincidía con las imágenes de TikTok de Crismar. Esto dio a la policía su primera pista concreta: una joven con tatuajes y cabello rubio, conocida en línea como Andreina, la cortadedos.

Se asignó un equipo para rastrear el rastro del dinero. Los rescates eran depositados en cuentas de personas fallecidas o de gente inocente. Para investigar, la policía coordinó con la Superintendencia de Banca y Seguros. Descubrieron que las cuentas usadas habían sido abiertas recientemente con documentos falsificados y que los retiros se hacían en efectivo en cajeros automáticos de El Agustino.

Se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de estos cajeros y se vio a una joven de contextura delgada y cabello claro retirando el dinero mientras su nombre aparecía en la puerta. Las imágenes fueron comparadas con los videos de TikTok y coincidían con los de Crismar. Otra línea de investigación implicaba identificar los números de teléfono desde donde se enviaban los mensajes de extorsión.

Un escaneo de las antenas de telefonía cerca de las casas en El Agustino reveló patrones. Los mismos teléfonos se conectaban a redes Wi-Fi a horas específicas y luego se desconectaban. Además, se descubrió que usaban tarjetas SIM prepago asociadas a nombres ficticios. La policía interceptó las comunicaciones y escuchó conversaciones en las que un hombre decía: “Tenemos que cortar más dedos para que paguen rápido”. La voz femenina que respondía sonaba joven y ordenaba que cada amputación fuera grabada para que las familias pudieran presenciar el sufrimiento.

Finalmente, se decidió infiltrar a una agente encubierta. La oficial se hizo pasar por una migrante que buscaba trabajo y logró establecer contacto con una de las jóvenes de la banda en TikTok. Tras semanas de conversación, recibió una invitación para conocer una oportunidad de negocio en el mismo distrito. Gracias a este encuentro, los detectives obtuvieron la dirección exacta de una de las “casas del terror”, una propiedad en la calle Los Rosales, en la cooperativa Huancayo.

La policía sabía que tenía poco tiempo. Cualquier filtración podía costar la vida a los rehenes. El operativo se planeó con el apoyo de la subunidad de acciones tácticas, agentes de inteligencia y fiscales especializados en crimen organizado. Tenían que entrar rápido, neutralizar a los criminales y rescatar a los rehenes. Lo que no sabían era que Crismar ya había cambiado su base de operaciones.

El domingo 26 de mayo de 2026, a las 3:00 a.m., decenas de agentes rodearon la casa de la familia Rosales con órdenes de detención. Irrumpieron en la propiedad y encontraron habitaciones vacías. Cuerdas, colchones y una pequeña cámara GoPro eran las únicas señales de que allí se habían realizado torturas.

El operativo no fue en vano. Detuvieron a dos de los vigilantes y obtuvieron información crucial. Los detenidos confesaron que la banda se había trasladado a un hostal en el distrito de Ate, donde la líder y su madre estaban escondidas. Horas después, la policía fue al hostal indicado. En la recepción preguntaron por una mujer venezolana con un niño pequeño. El recepcionista, nervioso, señaló la habitación 104.

Los agentes se dividieron. Algunos cubrieron las salidas mientras otros se acercaban a la puerta. Golpearon fuerte y gritaron: “¡Policía, abran la puerta!”. Adentro, Crismar saltó sobresaltada, tomó a su hijo en brazos y miró a su madre. No había escapatoria. La policía derribó la puerta y las sometió en segundos.

—”¿Cómo te llamas?” —preguntaron. —”Crismar Andreina Contreras González” —respondió. —”¿Carolina González Mendoza?” —”¿Cuántos años tienes?” —”33.” —”¿Qué hacías?” —”Estaba acostada con mi hija y tuvieron que intervenir.”

Crismar fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal. Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, ropa con restos de sangre y un colchón empapado de fluidos. Jenny, la madre, fue detenida junto con otras dos mujeres que también estaban en el hostal. En total, las autoridades reportaron 11 detenciones en el operativo, todas vinculadas a la célula del Tren de Aragua.

—”Adrián, ¿hay algo que quieras decir? ¿Es verdad o es mentira de lo que se te acusa? ¿Le cortaste los dedos a tus víctimas?” —”Es verdad. Es todo mentira” —respondió ella.

La prensa esperaba afuera de la comisaría. Las cámaras apuntaban a la joven de rostro sereno y mirada desafiante. Cuando un reportero le preguntó si era la responsable de las mutilaciones, Crismar respondió con frialdad: “No sé de qué me están hablando”. Esta actitud, lejos de mostrar arrepentimiento, reforzó su apodo de “la cortadedos”. Los psiquiatras que la entrevistaron más tarde la describieron como alguien que exhibía rasgos psicopáticos y una falta total de culpa.

Los teléfonos celulares incautados durante la captura de Crismar y sus cómplices resultaron ser una mina de información. Los expertos forenses pasaron semanas extrayendo y descifrando miles de mensajes, fotografías y videos almacenados en los dispositivos. Lo que encontraron confirmó la magnitud del horror.

En varios videos se veía a Crismar cortando los dedos de sus víctimas de secuestro mientras sonreía y decía cosas como: “¿Esto es por no pagar?”. Otros mensajes coordinaban los encuentros. Enviaba la ubicación de cafeterías o centros comerciales donde se reuniría con sus víctimas y pedía a sus cómplices que los recogieran. También había conversaciones donde su madre discutía cuánto se le cobraría a cada familia y la proporción que recibiría cada miembro.

El análisis de los registros bancarios indicó que los rescates eran depositados en cuentas de personas fallecidas y luego transferidos a cuentas en Venezuela, Colombia y Brasil para dificultar el rastreo. Además, se encontraron pruebas de que Crismar mantenía comunicación con miembros de la banda del Tren de Aragua en otros países.

Los mensajes de audio los mostraban solicitando autorización para ejecutar a quienes se negaban a pagar y celebrando cuando lograban cobrar un rescate mayor. Uno de los audios decía: “Mi reina, eres la mejor. Saluda a los panas en Tocorón”. Este vínculo transnacional mostró que la célula de Lima era solo una pieza de una estructura mucho más grande.

Un hallazgo sorprendente fue una serie de fotos donde Crismar aparecía con el padre de su hijo, Germán, y José Arcos Flores. Él había sido arrestado en abril de 2026, acusado de pertenecer a la banda “Los Herederos del Tren de Aragua”, pero fue liberado y estaba en prisión preventiva. Los investigadores concluyeron que Crismar continuó operando la banda incluso después de su captura y que él la apoyaba desde la cárcel.

Esta evidencia permitió al Ministerio Público presentar cargos por secuestro agravado, extorsión, homicidio, lavado de activos y participación en organización criminal. La fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para todos los detenidos y advirtió que, debido a la gravedad de los delitos, Crismar enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua, la pena máxima en el sistema judicial peruano.

El informe del equipo de psicólogos forenses que evaluó a Crismar Andreina Contreras fue contundente. La joven exhibía una personalidad antisocial con rasgos psicopáticos y una capacidad mínima de empatía. Los especialistas recordaron que, a los 8 años, había escapado de un secuestro cortándole los dedos a su captor, un evento que quedó grabado en su memoria. Se cree que esta experiencia le inculcó la idea de que la mutilación otorgaba poder.

Cuando su padre fue asesinado y su familia migró a Perú, Crismar se encontró en una situación desesperada. La falta de oportunidades educativas la empujó a círculos criminales. La psicóloga Brigit Carpio declaró en una entrevista televisiva que la joven aprendió a normalizar la violencia como una herramienta de supervivencia y que sus relaciones románticas estuvieron marcadas por el abuso. De hecho, se reveló que ella atacó al padre de su hijo tras una discusión, causándole graves heridas.

El informe también mencionó el uso de Tusi. Esta sustancia, una mezcla de LSD y MDMA, causa euforia, desinhibición y, en algunos casos, episodios de agresividad. Crismar confesó usarla antes de cortar los dedos. Utilizaba los dedos de sus víctimas para sentir valentía. Los especialistas señalaron que la combinación de una infancia traumática, un entorno familiar criminal, la migración y el uso de sustancias psicoactivas crearon el caldo de cultivo para su comportamiento criminal.

Sin embargo, algunos medios se centraron en cómo la sociedad peruana recibió a decenas de miles de migrantes venezolanos sin brindarles apoyo psicosocial. Se debatió si la falta de integración, el hacinamiento y la discriminación contribuyeron a que jóvenes como Crismar se involucraran en bandas criminales. La periodista Paola Ugas escribió que no se trata de justificar el crimen, sino de entender cómo una niña migrante puede convertirse en victimaria.

Tras su detención, Crismar y las otras 10 personas involucradas fueron llevadas ante el juzgado de investigación preparatoria de Lima. Allí se ordenó su prisión preventiva por 15 días mientras se preparaban los cargos formales. La fiscalía los acusó de secuestro agravado, extorsión, homicidio calificado y lavado de activos. Según la prensa, los cargos podrían conllevar una sentencia de cadena perpetua.

En la audiencia, Crismar se mostró fría y respondió con monosílabos. Su defensa argumentó que había sido obligada a participar en los delitos por su pareja y su madre. También alegaron que ella era víctima de trata de personas. La fiscalía refutó esta versión mostrando videos en los que ella mutila a las personas secuestradas y conversaciones en las que da órdenes a sus cómplices. El juez consideró que las pruebas eran contundentes y ordenó la prisión preventiva para todos los acusados. El fallo mencionó la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la posibilidad de que pudieran obstruir la investigación.

Mientras tanto, la policía continuó buscando a otros involucrados, especialmente hombres que habían actuado como guardias y transportistas en los secuestros.

Crismar fue trasladada a la cárcel de mujeres de Chorrillos, uno de los centros penitenciarios más duros de Lima. Allí, las reclusas la observaron con curiosidad. Algunas sabían quién era por las noticias, otras la habían conocido antes. La joven apareció en el pabellón con el mismo comportamiento frío que había mostrado ante las cámaras.

Según informes extraoficiales, Crismar sufrió inicialmente intentos de ataque por parte de otras internas que la despreciaban por mutilar a sus víctimas, pero pronto se ganó el respeto de algunas al ofrecer protección y facilitar contactos con el exterior, replicando la lógica de la banda del Tren de Aragua dentro de la prisión.

Rumores también sugieren que Crismar podría intentar negociar una reducción de pena a cambio de cooperar con la justicia. Su abogado insinuó que estaría dispuesta a revelar los nombres de miembros de alto rango de la banda del Tren de Aragua. Sin embargo, la fiscalía señala que los videos la muestran como la autora de las mutilaciones y que es difícil ofrecerle beneficios.

Su historia infantil y su perfil mediático la convierten en una prisionera bajo estrecha vigilancia. Mientras tanto, su hijo fue inscrito en un programa estatal de protección de menores. Los especialistas trabajan para brindarle un entorno seguro, lejos del crimen. Además de Crismar y su madre, el operativo policial capturó a varios hombres y mujeres vinculados a la banda.

Entre ellos estaban un joven conocido como “El Chamo”, quien custodiaba a las víctimas, y “La Flaca”, una mujer arrestada por cocinar para los secuestrados y asegurarse de que no escaparan. También se detuvo a un taxista que transportaba a las víctimas entre las distintas propiedades. Cada persona recibió cargos según su nivel de participación.

Algunos intentaron cooperar con las autoridades, pero sus testimonios fueron contradictorios. La policía buscaba especialmente a un hombre apodado “el colombiano”, identificado como el coordinador entre la célula de Lima y la cúpula de la banda del Tren de Aragua en Venezuela. Según los mensajes encontrados, este individuo autorizaba la ejecución de las víctimas y decidía qué porcentaje del rescate iba para la banda y qué porcentaje volvía a la organización matriz.

Las autoridades peruanas solicitaron asistencia a la Interpol y a las fuerzas de seguridad colombianas para localizarlo. Hasta la fecha, su paradero sigue siendo un misterio.

El caso de Crismar Andreina Contreras González, alias “la cortadedos”, es la suma de muchas tragedias: la de una niña que creció en un entorno violento, la de familias destrozadas por la extorsión y el secuestro, la de un país que lucha por contener a una organización criminal y la de una sociedad que no logró integrar a cientos de miles de migrantes.

Este caso nos permite entender cómo se crea un monstruo, pero también creo que nos invita a reflexionar sobre nuestras responsabilidades en los entornos sociales. En la vida de Crismar hay elementos que pueden generar mucha empatía: su infancia traumática, la pobreza y la falta de oportunidades. Pero quiero dejar claro que ninguna de estas cosas son justificaciones, ni eliminan su responsabilidad por los crímenes que cometió.

Los videos donde se la ve mutilando a sus víctimas son prueba irrefutable de que la joven disfrutaba causando dolor. Su historia también demuestra cómo la violencia puede reproducirse y amplificarse cuando no hay una intervención oportuna. Para las víctimas y sus familias, la justicia aún no ha llegado. Muchos todavía se están recuperando de este trauma.

Los padres del ingeniero y del mecánico que sobrevivieron han formado asociaciones para apoyar a las víctimas de secuestro. Han pedido al Estado que garantice asistencia psicológica y económica, pero sobre todo, que garantice una justicia que haga caer todo el peso de la ley sobre quienes están cometiendo este tipo de delitos.